(Adjuntía para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad, 2019) Como apunta, Rolando Luque, responsable de la Adjuntía para la Prevención de Conflictos y la Gobernabilidad –quien además ejerció el cargo de Jefe de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad de la Presidencia de Consejo de Ministros– la gestión de conflictos no puede estar desligada de la gestión pública y de la gestión de la seguridad, de manera que la prevención de la violencia es posible si los canales de comunicación están abiertos (Luque, R., 2017). De hecho, el perfil político de alcance nacional del actual presidente Martín Vizcarra se forjó en el contexto del conflicto socioambiental minero alrededor del proyecto Quellaveco (Anglo American), donde como gobernador regional de Moquegua asumió un rol de facilitador de un proceso de diálogo multiactor con perspectivas de desarrollo, más allá de la gestión de la crisis, a través de la Mesa de Diálogo de Moquegua donde se lograron amplios consensos, que incluyeron compromisos de inversión social y cuidado ambiental por parte del proyecto minero de alrededor de los mil millones de soles. Llamado así por el distrito del mismo nombre en el departamento de Piura en el norte del país. Conflictos sociales en la minería 2017-2019, según la Presidencia del Consejo de Ministros. Ello a pesar de contar con normas y manuales para el respeto de los derechos humanos. El MINAM ha pri orizado la atención de 4 9 casos … Universidad Antonio Ruiz de Montoya, Jesuitas (UARM), Centro de Investigación Documentación, Educación, Asesoría y Servicios (IDEA), Cooperación Alemana implementada por la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, ProDiálogo, Prevención y Resolución de Conflictos, Instituto del Diálogo. Institucionalidad para el Diálogo y la Prevención de Conflictos. Los mayores productores de cobre eran Antamina, Cerro Verde, Southern, Xtrata Tintaya, Gold Fields La Cima y Milpo. De acuerdo con el servicio de consultoría Macroconsult, Las Bambas, que representa el 72% del PBI de Apurímac y 1% del PBI nacional, le ha pagado a la región S/1,115 millones en regalías desde que inició operaciones. La energía personal del mediador/ra es importante para sostener el proceso. En la medida en que los conflictos sociales son la manifestación de intereses y necesidades humanas vinculadas a los derechos de las personas y los grupos sociales que sienten están siendo afectados, pudiendo potencialmente derivar en hechos de violencia, el Estado tiene una responsabilidad fundamental en la gestión institucional y democrática de los conflictos sociales. El incumplimiento de compromisos previamente asumidos por parte del Estado y las empresas. Escribe Rodrigo César Sánchez Noriega, alumno de Economía de la Universidad del Pacífico. El presente informe, desarrolla las acciones en la  prevención y gestión de la conflictividad socio ambiental del MINAM del mes de febrero de 2021. Informe Final de Comisión para el Desarrollo Minero Sostenible. elcomercio.peperu21.peojo.peperu.comdepor.comtrome.petrome.comlaprensa.peecomedia.peperured.peclubelcomercio.peclasificados.pemagperuquiosco.pe, Movilizaciones y bloqueos se incrementaron en 47.5%, en el último año, informó la Defensoría, Los sectores que más recurren a servicios de intervención especializados en Gestión Social, Defensoría alerta de que hay 26 controversias a punto de estallar, Conflictos llegan a 191, el número más alto de los últimos 12 meses, Defensoría advierte riesgo de que 24 conflictos sociales escalen, Defensoría alerta que podrían estallar 14 nuevos conflictos socioambientales, Hay 15 amenazas de conflictos socioambientales en 11 regiones, Defensoría advierte de 32 casos que pueden terminar en conflictos, "No hay criterio corporativo para manejar conflictos socioambientales en proyectos mineros", Antonio Brack: “Habría agitación socioambiental el 2014 por elecciones regionales”, Se elevan los conflictos sociales de 229 a 237. Así llegamos a 2012 –luego de las tensas elecciones nacionales de 2011 y la presión de los conflictos sociales–, año en que se creó la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad (ONDS), que representó el mayor esfuerzo realizados en el desarrollo de una institucionalidad para la gobernanza alrededor de los conflictos sociales. El Valor del Diálogo. La afectación de la salud de las personas, siendo de especial preocupación los casos de plomo en la sangre. En la tercera parte, se plantean los principales logros, y conclusiones, además de los casos priorizados por MINAM, OEFA y Senace. ¿Todos los volcanes activos son también nevados? http://www.minem.gob.pe/_detallenoticia.php?idSector=1&idTitular=4609, Ministerio de Energía y Minas. En este panorama, el peso gravitante de la minería en el conjunto de la economía del país, producto del crecimiento impulsado por el boom de los precios de los minerales, se refleja en el hecho que al 2015 contribuía con el 13 por ciento del PBI y representaba el 62 por ciento del valor total de las exportaciones del Perú, el 71 por ciento de las cuales estaban destinadas a China –principal comprador–, Suiza, Canadá, Japón, Estados Unidos de Norteamérica, Alemania y Corea del Sur. Se despliegan, además, en múltiples escenarios (comunitario, local, nacional), y a través de múltiples estrategias: legales, poder (violentas o no) y consenso. En su reciente informe especial, la Defensoría del Pueblo analizó el costo de los conflictos sociales cuando estos escalan a etapas de violencia y provocan consecuencias que afecten el bienestar de las personas, así como la institucionalidad, el medio ambiente y la economía de la localidad, la región o del país. Este proyecto minero, originalmente bajo propiedad estatal, ubicado en la provincia de Espinar en el departamento de Cusco, venía arrastrando por décadas pasivos sociales y ambientales. Una paralización prolongada de las operaciones en Las Bambas disminuirá las utilidades de la mina y hará que la empresa vuelva a los tiempos en que no desembolsaba canon, además de poner en riesgo futuras inversiones mineras en el país. De esta manera, la empresa estatal Minero Perú Comercial (MINPECO) pasó a tener el monopolio de la comercialización externa, siendo las inversiones estatales mineras más notorias en esa década las de Cerro Verde (Arequipa) y la refinería de Ilo (Moquegua), en el sur del país, que en la actualidad siguen siendo de gran importancia para la minería del país, ahora en manos privadas transnacionales. El MINAM ha priorizado la atención de 49 casos... La Oficina General de Asuntos Socioambientales (OGASA), presenta el informe n° 011-2022-OGASA sobre Conflictos Socioambientales, sobre el desarrollo de... La Oficina General de Asuntos Socioambientales (OGASA), presenta el informe n° 009-2022-OGASA sobre Conflictos Socioambientales, sobre el desarrollo de las acciones en la prevención y gestión de la conflictividad socio ambiental del Ministerio del Ambiente (MINAM) del mes de setiembre de 2022. También que implemente mecanismos de diálogo para su transformación, garantice el cumplimiento de los acuerdos derivados del diálogo y, finalmente, disponga medidas de prevención frente al riesgo de su escalamiento o reescalamiento. Asimismo, se declara asumir el enfoque de transformación de conflictos (bajo el lema Transformando conflictos en oportunidades de desarrollo), trascendiendo el enfoque resolutivo, aunque muchos actores, incluyendo la Defensoría del Pueblo, señalan que ese cambio no representó una diferencia sustantiva en la práctica. Ocurrió en el municipio de Ilave en el departamento de Puno, donde el alcalde fue linchado por los pobladores frente a la difusión de acusaciones de corrupción en el manejo de la gestión de los recursos públicos. En ese sentido, en algunos casos y espacios territoriales, la gestión de la seguridad fue priorizada por sobre la gestión del conflicto y la gestión pública, incluso luego de haberse logrado el restablecimiento del orden público. Estos costos afectan al sector privado empresarial corporativo con la paralización de la producción o el retiro del proyecto por riesgo en las ganancias y la capacidad productiva. Informe: Informe N° 002-2022-OGASA sobre Conflictos Socioambientales. Beneficios económicos directos como compensación por la presencia minera en sus territorios y solicitud de acceso a la tierra para actividades de exploración y explotación. Sin embargo, no es poco común encontrar que las partes en conflicto consideren que el rol del facilitador se circunscribe a la moderación o conducción de una reunión o evento de diálogo en específico y coyuntural, más que pensarlo como el rol del gestor de un proceso complejo –que evidenciamos duran casi un año en promedio–, que implica el diseño participativo, la implementación, el monitoreo y la sistematización, y que para ello se necesita de un equipo de trabajo debidamente coordinado que atienda los aspectos logísticos, comunicativos, informativos, políticos, institucionales y metodológicos, así como los temáticos en discusión. La ONDS contó con el apoyo financiero de la Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional, en el marco del proyecto Prevención de Conflictos Sociales, en el uso de recursos naturales que maneja el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). En la primera parte se presentan los avances en los espacios de diálogo. 22 Feb 2021 1:00 h. Mientras los peruanos enfrentamos la pandemia de coronavirus, la corrupción de funcionarios del Estado, el incremento de la delincuencia y el crimen organizado, hay otros problemas que se asoman sigilosamente. La ciudadanía perteneciente a las comunidades, no solo participa en los conflictos a través de las instancias de las organizaciones comunales (juntas directivas o rondas campesinas), sino también a través de gremios y federaciones agrarias, así como Frentes de Defensa que se articulan alrededor de determinadas agendas. Las comunidades afectadas suelen denunciar un hecho que no necesariamente afecta su ecosistema, solo para que sus pedidos repliquen a las autorid... El exministro del Ambiente exhortó a la Fiscalía y al Poder Judicial a fortalecer la lucha contra la minería ilegal. El Estado peruano, por su parte, perdió S/5 millones diarios y su desinterés en escuchar a las partes continuó erosionando la poca confianza de los inversionistas extranjeros que aun ven con buenos ojos al país. Algunos proponen una integración metodológica de ambos registros para una mejor comprensión del fenómeno de la conflictividad y una atención más articulada. La gestión de fideicomisos y fondos sociales para abordar demandas de desarrollo social y económico de alcance local y departamental. También están aquellas que realizan activismo en defensa de los derechos humanos y el medio ambiente, acompañando a las comunidades, haciendo una labor de incidencia pública y mediática, y de asesoría jurídica como técnica. El documento precisa que en mayo se identificaron 205 conflictos sociales en total, 151 conflictos activos que representan el 73,7% y 54 conflictos latentes que son el 26,3%. Se abrieron nuevos desafíos no solo sanitarios y económicos para el mundo y el país, sino que introdujo factores de conflictividad inéditos a los que los que el Estado, el sector privado minero, los actores comunitarios y la sociedad civil en general, aún buscan adaptarse y responder de la mejor manera. Respecto a las empresas, los encuestados señalan que solo les importa obtener la mayor ganancia posible, que no comunican adecuadamente y que no saben cómo trabajar con las comunidades. Los conflictos sociales en el Perú se incrementaron a 207, luego que se registraran seis nuevos casos en relación de mayo a junio, revela un nuevo reporte de la Defensoría del Pueblo. Considerando los períodos gubernamentales, 35,70 por ciento de estas protestas sociales fueron durante el gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000); 7,39 por ciento en el gobierno de transición de Valentín Paniagua (2000-2001); 55,4 por ciento durante el gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006); y, 1,43 por ciento, en los primeros meses del gobierno de Alan García (2006-2011). Así es como hoy existen dieciocho instancias de gestión de conflictos sociales desde el Estado en su nivel nacional, siendo en muchos casos parte de la alta dirección. 4 agosto 2021. Este derrame terminó afectando la salud de alrededor de mil personas. Los efectos del alto en la producción de una de las 10 minas con mayor producción de cobre del mundo fueron desastrosos, y los más perjudicados fueron los apurimeños: Apurímac perdió S/176 millones en pagos por impuestos y regalías. Reducción de los espacios cívicos y de participación social en Guatemala, Carlos Alberto Sarti Castañeda (Guatemala). Entendiendo, además, que un proceso de diálogo socioambiental requiere de apoyo institucional para la convocatoria, la asistencia técnica (aspectos legales, económicos, ambientales, sociales y culturales) y la capacitación previa de los actores para su preparación, tanto para una participación constructiva en el diálogo como en los aspectos temáticos que son parte de la agenda del diálogo, de modo que sea un proceso lo más balanceado y productivo posible. La ciudanía rechazó abiertamente la posibilidad de desarrollo de un proyecto minero impulsado por la empresa canadiense Manhattan Minerals. Se hace notar que no hay información disponible del año 2016, y solo existe un dato anual del 2017 y uno correspondiente al primer semestre del 2018. Los conflictos socioambientales en el Perú, Cusco: reinicio de paro indefinido contra el gobierno en Espinar, Incendian Municipalidad de Espinar y camionetas particulares, Observatorio de conflictos mineros del Perú- segundo semestre 2022, Las Bambas: se levantó el paro en Challhuahuacho, Apurímac: se intensifica el paro indefinido en Challhuahuacho contra Las Bambas, Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú. Antecedentes 11 2. Las Bambas se encuentra en un complejo espacio geográfico, con un área de influencia social directa que abarca las provincias de Grau y Cotabambas (ambas pertenecientes a Apurímac), los distritos de Challhuahuacho y Progreso, y 18 comunidades campesinas. Existen importantes esfuerzos de diálogo multiactor para abordar la agenda pública relacionada a la problemática de la minería y su conflictividad. Los costos al Estado son aquellos vinculados a la movilización de las fuerzas policiales y la atención en salud, así como a la pérdida de recaudación tributaria y de legitimidad. Con respecto al impacto en la región de Apurímac, se anuncia que se han perdido S/176 millones y se han despedido a 3 mil trabajadores de empresas relacionadas a Las Bambas. Y muchas veces los procesos de diálogo se inician en situaciones de crisis para manejarlas y no como procesos sistemáticos con enfoque preventivo. El Estado pasó así a ser un promotor de la actividad privada minera, replegándose totalmente en su rol empresarial. El MINAM ha priorizado la atención de 48 casos de conflictos socioambientales, priorizados por el MINAM, y el respectivo seguimiento de compromisos.En el mes de agosto se realizaron reuniones presenciales con participación del MINAM en 7 departamentos para la atención... La Oficina General de Asuntos Socioambientales (OGASA), presenta el Informe n° 007-2022-OGASA sobre el desarrollo de las acciones en la prevención y gestión de la conflictividad socioambiental del Ministerio del Ambiente (MINAM) del mes de julio de 2022. Asimismo, están las organizaciones orientadas a la facilitación de procesos de diálogo multiactor y al fortalecimiento de las capacidades para el diálogo y la resolución de conflictos, desde un rol de terceros, entre las que se encuentra organizaciones como ProDiálogo, la Asociación Civil Labor, Red Social, Socios Perú o el Instituto del Diálogo. Es a partir del declive de la violencia armada, en cuanto a la cantidad de atentados terroristas como en su expansión territorial, y el quiebre del movimiento sindical minero en el contexto de las privatizaciones –el cual ya venía debilitado además por las agresiones de Sendero Luminoso y las acciones antisubversivas de las Fuerzas Armadas–, que empieza una acelerada expansión de la inversión minera en territorios altoandinos de comunidades campesinas (muchas de ellas originarias y mayormente quechuas), cuyo tejido social había tenido distintos niveles de impacto por la violencia del conflicto armado interno. De acuerdo con el Reporte de Conflictos Sociales de abril de 2020, de 137 casos de conflictos activos, 91 (66.4 por ciento) están en proceso de diálogo. Esto llevó a Las Bambas a emitir un comunicado cuatro días más tarde en que anunciaba que suspendería sus operaciones indefinidamente a partir del 20 de abril. En términos generales, los conflictos sociales suelen entrar en un patrón reconocible de respuesta estatal: son eventualmente identificados en fases de latencia o manifestación temprana por alguna instancia estatal nacional, pero no logran una debida atención; entonces, al ser invisibilizados acumulan frustración y tensión, eventualmente entran en una fase de escalada donde el conflicto se complejiza, sumando actores, asuntos conflictivos en agendas y estrategias conflictivas –recurriendo los actores sociales simultáneamente a vías administrativas y judiciales, y vías de presión a través de protestas públicas o incidencia política–, así como en escenarios del conflicto, pasando del entorno comunitario al municipal y regional. De esta manera, el Perú alcanzó un crecimiento económico sostenido desde 1999, teniendo un desempeño macroeconómico sobresaliente en la región. (Parte II), Inteligencia artificial en marketplaces: ¿el futuro de las compras en línea? El Perú es un Estado unitario, por lo tanto, las competencias de los gobiernos regionales son limitadas. Estados de emergencia que, una vez vencidos en plazo, usualmente son renovados una y otra vez, pasando a ser la norma en lugar de la excepción. En 2004 el Estado no contaba con una institucionalidad y como consecuencia sus respuestas eran improvisadas. Esto implicó no solo una curva epidemiológica, sino también de aprendizaje frente al nuevo escenario y sus impactos. En estas circunstancias de crisis con potencialidad de acciones destructivas y riesgo a la gobernabilidad democrática es que los conflictos cobran visibilidad y preocupada atención del Estado. Ponen evidencia las cosmovisiones y los modelos de desarrollo en tensión, y las dificultades del diálogo interculturalidad, así como la asimetría y la desconfianza entre las partes. Cabe mencionar que luego del gran crecimiento del PBI, producto del alza de los precios de los minerales, devino la crisis financiera internacional que significó una desaceleración interna de la economía y una caída abrupta del PIB como consecuencia. Desde una perspectiva general se observa que este ciclo de conflictividad socioambiental de las primeras décadas del siglo XXI, se caracteriza por una ausencia de marcos que articulen los conflictos bajo una unidad de objetivos, más bien se evidencian como estallidos sin conexión orgánica y con agendas propias, algunas más orientadas a las oportunidades de desarrollo, otras a los beneficios transaccionales y las demás a la resistencia como al rechazo por razones socioculturales territoriales o por razones de percibida incompatibilidad de actividades económicas, sintetizada en el conocido lema de las protestas sociales: agro Sí, mina No. LOS CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES POR ACTIVIDADES EXTRACTIVAS EN EL PERÚ Presentación 4 1. En el 2016, se inicia la operación comercial y 2022 es el año en que Las Bambas realiza el primer desembolso por conceptos de canon minero. Así mismo, el corredor minero fue bloqueado desde las primeras horas del día, siendo los principales puntos de bloque el puente amistad y puente San Martin. Es recién a partir de este momento que el trabajo de gestión de conflictos sociales tiene explícitamente como eje de intervención el diálogo, con un enfoque preventivo y de desarrollo. De esta manera, la mediación socioambiental debiera pensarse simultáneamente en términos de facilitación para la resolución de disputas, la gestación de procesos de diálogo multiactor y la articulación de procesos sociales en distintos planos (tomadores de decisión y espacios intermedios, de influencia como de base). Así se crea la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad, bajo la decisión política de impulsar el diálogo, dotada con un capacitado y amplio equipo de trabajo y una presencia nacional. Todos los Derechos Reservados. Garantizando, además, una relación equilibrada entre la actividad productiva, el medio ambiente y los derechos de las comunidades. De acuerdo con el jefe de la Adjuntía para la Prevención de Conflictos y la Gobernabilidad, Rolando Luque, gran parte de la explicación se encuentra en los espacios previo al diálogo, donde se define el poder, construyen los liderazgos y se marcan los roles de género (Luque, R. 2020). La seguridad informática: ¿podemos distinguir entre la realidad virtual y física? Covid 19 – Estado de Emergencia. "Se hace más difícil orientar el conflicto por … u. En 2005 se crea el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), contando con una Unidad de Análisis de Conflictos (UAC), que asume las funciones de la UAEPCS. De catorce ministerios consultados, solo la PCM cuenta con una disposición normativa que establece pautas para promover la participación de las mujeres en espacios de diálogo, a pesar que los conflictos sociales como una modalidad de violencia contra las mujeres fue incluida en el Plan Nacional Contra la Violencia de Género 2016-2021. En relación con los actores de los conflictos socioambientales mineros, estos tienen como actores primarios a las empresas mineras y las comunidades campesinas altoandinas de los entornos de los proyectos (tanto en el denominado ámbito de influencia directa como en la indirecta), con el involucramiento y apoyo de las autoridades locales y regionales a medida que el conflicto se desenvuelve en un proceso de escalada y expansión territorial. Defensoría del Pueblo del Perú. Al sector privado minero le cuesta gestionar la comunicación y el dialogo, porque no se suelen ver como parte de un proceso integrado. 14 de junio de 2022 La Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la PCM presenta su reporte mensual de conflictos sociales correspondiente al mes de mayo de 2022. Conflicto que escaló en crisis a inicios de 2002, hasta el punto de convertirse en una revuelta masiva de la ciudad de Arequipa (la segunda de país y con una fuerte identidad arraigada en las históricas tensiones con el centralismo limeño). Fue el despliegue de una dinámica económica en un vasto territorio marcado por una gran desconfianza hacia el Estado, pero también hacia cualquier actor externo a las comunidades. Esta plataforma conformada por las organizaciones CARE Perú, ProDiálogo, Asociación Civil Labor y Red Social, trabajaron promoviendo espacios de diálogo multiactor a nivel regional en Arequipa, Cajamarca, Apurímac y Ancash, departamentos de gran presencia minera y de conflictividad. La Comisión para el Desarrollo Minero Sostenible (2020), conformada por el gobierno del presidente Martín Vizcarra para recomendar reformas en el sector minero, en el contexto de una nueva crisis alrededor del proyecto Tía María, toma como referencia que, en el período 2016 a 2019, de acuerdo con la Defensoría del Pueblo, los conflictos sociales relacionados con la minería siguen representando, con un 43 por ciento, el mayor número de casos en el panorama de la conflictividad. Raúl Allain. Escrito por Marcelo Rochabrún, corresponsal de Reuters en Lima, mencionaba una reducción anual de 41% en la producción de Las Bambas para el mes de abril. (2020). El MINAM ha priorizado la atención de 43 casos. En la segunda parte, se desarrollan las acciones preventivas,y se gestionaron alertas tempranas. El caso del Moqueguazo, en junio del 2008, con la paralización de Moquegua, región al sur del país, demandando mejor distribución del Canon Minero por la producción del yacimiento de Cuajone a cargo de la minera Southern, empresa de presencia histórica en la región, además, por la fundición y refinería en la ciudad costera de Ilo, zona con antecedentes de conflictividad laboral y ambiental por más de 50 años. Este tipo de respuesta estatal llegó a producir afectaciones a los derechos de ciudadanos en la protesta, pero también a la integridad física de los policías como en los casos emblemáticos de Bagua y Tía María, en los que murieron a manos de personas que protestaban. En la primera parte se presentan los avances en los espacios de diálogo. Esto muestra que se mantiene la tendencia observada entre 2016 y 2019. http://www.minem.gob.pe/_publicacion.php?idSector=1&idPublicacion=524, Zapata, I. 1De acuerdo a la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (2003) las cifras de muertes durante el conflicto armado interno alcanzaron cerca de las 70 mil víctimas, de las cuales el PCP-SL es responsable del 53.68 por ciento de los muertos y desaparecidos, siendo el principal perpetrador de violaciones a los derechos humanos; el MRTA resultó responsable del 1.8 por ciento; los comités de autodefensa y los grupos paramilitares son responsables del 37.26 por ciento; y, los miembros de las Fuerzas Armadas del 28.73%.2La hiperinflación acumulada desde el 1988, durante el primer gobierno de Alan García, al fines de 1990 llegó a 3´500,000 por ciento. Esta falta de respuesta del Estado para impulsar el diálogo antes de alguna medida de fuerza de los actores sociales estaría más relacionadas a las limitaciones para obtener información de calidad y a los lentos procesos de toma de decisiones del aparato público. Incluso antes de esta última paralización, el BCRP proyectaba reducciones en la inversión privada minera de 0.8% para el 2022 y de 15% para el 2023. Este trabajo empezó a desarrollarse a partir de su temprano involucramiento como intermediario en el contexto de la conflictividad social, y encontrarse con un escenario complejo en el que requería plantear adecuadamente su rol como entidad pública defensora de derechos antes que mediadora. Objetivos del Informe 12 3. https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2020/05/Reporte-especial-N%C2%B01-Demandas-y-tensiones-sociales.pdf. De esta manera, la expansión acelerada de la actividad minera a partir de la segunda mitad de la década de los ´90 y la primera de 2000, se realizó en espacios territoriales impactados por la violencia directa y por una histórica violencia estructural de exclusión social, económica y política. Sin embargo, estos se fueron reduciendo de 92 de un total de 211 casos a 81 de un total de 85 casos. Al respecto se observa que los conflictos están teniendo una predominancia territorial, más allá de los entornos inmediatos de los proyectos, y en estos espacios confluyen actores sociales con lógicas comunitarias, individuales y familiares. También existe un desgaste en las estrategias de abordaje desde el Estado, las empresas y la sociedad civil, que están dejando un vacío que es aprovechado por actores con agendas ilegítimas y poco constructivas, pero que tienen la capacidad de insertarse en el malestar social y sus demandas legítimas para buscar salidas transaccionales poco sostenibles y que apuntan a satisfacer agendas particulares de estos actores. En la tercera parte se plantean algunos logros y, finalmente se registran las principales conclusiones.